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PUERTOS.- CULEBRÓN CANARIO.-

Proyecto portuario de Granadilla 29/12/2003 Pedro Anatael Meneses Roqué, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ex director general de la Marina Mercante y profesor del Departamento de Ingeniería Marítima de la Universidad de La Laguna, apuesta por la futura construcción de un puerto en Granadilla de carácter complementario al actual recinto de Santa Cruz de Tenerife, al tiempo que aboga por un debate amplio del proyecto para el sur tinerfeño. Carlos E. Rodríguez Periodista Granadilla no es el proyecto de un puerto en la costa de este municipio sureño de Tenerife. Granadilla es un símbolo y el desafío de que alguna vez se establezca una frontera entre el desarrollo necesario y la especulación ilegítima, entre el crecimiento económico y el enriquecimiento indebido de unos pocos. Es el símbolo de una manera de hacer las cosas, que empezó desde que un grupo no de empresarios, sino de desocupados y hombres de negocios en dificultades, con maneras de caciques criollos, secuestró ATI y con ese instrumento, pervertido respecto a su idea original, secuestró mediante la traición el poder político de las islas, y desde el poder político secuestró el nacionalismo y lo puso al servicio de sus bolsillos particulares. Como se ha conocido, la Comisión Europea desconfía, por decirlo suavemente, del impacto medioambiental del puerto de Granadilla, o por lo menos, del oscuro laberinto de los informes técnicos al respecto. Como los informes regulares son negativos, se ocultan y se pagan otros de encargo a terceros de desconfiar. El Gobierno del Estado sabe más de lo que aparenta saber, pero no da el paso decisivo del rechazo abierto para no estropear las expectativas de cambio de coalición de gobierno en Canarias, del mismo modo que Álvarez Cascos aceptó carros, carretas y endeudamientos presupuestarios, para facilitar que se formase la actual coalición regional de gobierno. Periodistas independientes han publicado asombrosas y estremecedoras requisitorias sobre los presuntos chanchullos, de personas y autoridades concretas, en torno al entramado del puerto de Granadilla, la innecesaria segunda pista del aeropuerto Tenerife Sur y los terrenos circundantes. Pero nadie contesta, ni nadie pide una investigación parlamentaria a fondo que dejase en mal lugar a los denunciantes, o por el contrario abriese el camino a la fiscalía. A los periodistas que se ponen pesados se les castiga donde más duele. De hecho, ya uno de ellos fue despedido por el grave pecado laboral de información veraz, su empresa fue condenada en los Tribunales y sin embargo, este testimonio judicial de un grave atentado al artículo 20 de la Constitución pasa con mucha pena de silencio y ninguna gloria. ¿Es necesario el puerto de Granadilla? Hasta ahora no se ha conocido un solo dato serio que avale su necesidad, fuera de grandilocuentes pronunciamientos con gran lujo de publicidad y medios. ¿Sería útil y rentable el puerto de Granadilla? Quizá, pero eso depende de una estrategia general de la actividad portuaria de Tenerife y del archipiélago que brilla por su ausencia, o al menos no ha llegado al conocimiento del común de los mortales. ¿Afectaría el puerto de Granadilla, incluso con esos 300 metros menos de dique que pide el PSOE para salvar la cara, a importantes ecosistemas del medio ambiente de Tenerife? Sin la menor duda, y esa afectación debe ocupar un espacio y no irrelevante en la balanza de la decisión. Pero, con ser importantes las preguntas, y llamativa la ausencia de respuestas, lo más importante es el método, las formas, que van desde la propaganda masiva –¿pagada con qué dineros?– a la ausencia de información y el insulto a los discrepantes. Por eso el proyecto del puerto de Granadilla es el símbolo de una manera de hacer las cosas que nada tiene que ver con derechas o izquierdas, sino con algo esencial, que es la decencia o la indecencia política. En la indecencia pueden estar políticos de todos los partidos, y en la decencia también. Pero hay reglas de oro, como que no es lícito simultanear las responsabilidades políticas con los negocios privados, y que la utilización de testaferros, comisionistas y personas interpuestas quizá sirva para eludir la responsabilidad jurídica, pero agrava la indecencia del comportamiento. Si el pueblo de Tenerife no toma decisiones que nadie –y menos que nadie, el lejano poder central– tomará en su nombre, y recupera la decencia política para el gobierno de la Isla, seguirá, a beneficio de muy pocos, la destrucción medioambiental del que todavía podría ser uno de los más bellos lugares del Atlántico. No se trata de que se construya o no el puerto de Granadilla. Se trata de que se construya sólo si está claro que responde a una necesidad, favorece un crecimiento económico equilibrado, compensa las afectaciones medioambientales y entre los bolsillos que engorde, no estén los de quienes toman las decisiones políticas. El actual gobierno regional y algunos de sus máximos dirigentes se juegan poca imagen en el envite, porque no les queda mucha imagen que salvaguardar, sustentados como se encuentran en el engaño, las traiciones, el clientelismo, el nepotismo y el miedo. Se juega, mucho más, la imagen de Tenerife y en cierto modo, del archipiélago. Cada vez más tinerfeños saben que el silencio de hoy ni siquiera es pan para mañana, porque se lo quedan todo los que llevan lustros expoliando la Isla. Deben atreverse a decirlo, y apoyar a los que han alzado las banderas de la rebelión y la decencia. Granadilla es un símbolo, vaya que sí. José Blanco ha dado el “nihil obstant” de la dirección central para que el PSOE de Canarias, si lo considera oportuno, sustituya al PP en la coalición regional de gobierno. El ministro López Aguilar hizo una advertencia, en la que los socialistas canarios se juegan su imagen pública. Dice que el actual gobierno regional no está inspirado por un modelo de sociedad ni un proyecto de país, sino por los negocios. Es inexacto. No es por los negocios, sino por la irregularidad en los negocios. Lo que significa que los socialistas canarios sólo debieran formar coalición con CC sobre un pacto de modelo de sociedad, proyecto de país y exclusión de las prácticas corruptas. Por ejemplo, sobre el compromiso de freno y marcha atrás en el actual enredo del puerto de Granadilla. De otra manera, perderían credibilidad. La “omertá” exige, para cruzar el umbral, mancharse previamente las manos de corrupción. Así que el PSOE de Canarias se encuentra ante un dilema sin términos medios. Puede y seguramente debe entrar en el gobierno del archipiélago para frenar la degradación democrática e iniciar la regeneración, pero si no hace esa finalidad expresa y transparente –lo que exige acuerdos públicos explícitos y vetos personales– se pensará y dirá que sólo ha hecho desplazar a otros para sentarse a la mesa del festín. ¿Cabe acaso, para Tenerife, la esperanza de que, como escribió Bécquer en sus Pensamientos, aún siendo larga la noche “ya las lágrimas, semejantes a gotas de rocío, anuncien la llegada del día entre las tinieblas del espíritu”? En buena parte de Europa occidental, el debate sobre el papel de los partidos verdes concluyó, hace más de 20 años, con una división: quienes siguen defendiendo un ecologismo conservacionista, la defensa del medio ambiente a corto plazo, en casos puntuales y concretos, y quienes dedujeron que ser ecologista es oponerse al modelo de desarrollo que implica la tala de árboles, la desaparición de sebadales, la ejecución de inútiles grandes obras que desvían los recursos que nos recaudan (de un modo completamente injusto, ya que los impuestos indirectos prevalecen sobre los directos, y más en Canarias con la Reserva de Inversiones) para atender necesidades y servicios que sí significan progreso social: sanidad, educación, servicios sociales (atención a mayores, menores, discapacitados, enfermos mentales, etc.) o transporte público colectivo. Quienes reivindican sus derechos como ciudadanos. La manifestación del 23 de noviembre de 2002 contra la instalación del tendido eléctrico propuesto por Unelco, y aprobado en primer término por el Cabildo de Tenerife (Ricardo Melchior es empleado de Unelco, aunque esté en excedencia) y el Gobierno de Canarias, con el beneplácito de los alcaldes socialistas del Sur de Tenerife, excepto José Luis Fumero, ex alcalde de Vilaflor, no fue sólo contra la tala de cuatro arbolitos. Unió a miles de personas, no todas las presentes, en contra de un modelo de crecimiento económico sustentado en la construcción sin fin de hoteles y carreteras, la mayor destrucción de la isla. Al menos, muchas personas así lo percibieron. Lo contrario, oponerse sólo a la tala de cuatro árboles es un error histórico. Al éxito de esa manifestación contribuyeron especialmente algunos medios de comunicación que, prácticamente, convocaron la protesta. Resulta cuando menos curioso que, ahora, que se prepara otra manifestación en Santa Cruz, por otros motivos relacionados también con la destrucción del ecosistema de un modo brutal, y siempre con el mismo trasfondo, el negocio de la construcción, esos mismos medios que hicieron creer a los televidentes, oyentes o lectores que era urgente manifestarse contra las torres de alta tensión no den, como mínimo, el mismo espacio y tratamiento a otra lucha social: la oposición ciudadana al Puerto Industrial de Granadilla, principalmente, y también al Plan de Carreteras del Área Metropolitana, con la Autopista Exterior (17 kilómetros desde Radazul hasta Guamasa, con seis carriles, tres por sentido) como obra más avanzada, o al Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz. En el caso del Puerto de Granadilla, las consecuencias derivadas de la magnitud de la obra son incalculables: sí se sabe la destrucción que ocasionará sobre el litoral, afectando de forma irreversible a los sebadales –protegidos por la normativa comunitaria-, y a especies protegidas, además de la desaparición de las playas naturales de El Médano, La Jaquita y La Tejita. Pero no se han medido los efectos que producirá la ubicación de una ciudad de unos 90.000 habitantes en la zona, que ni siquiera cuenta con un hospital público. Los hospitales públicos para el Norte y el Sur de Tenerife, y acabar con el monopolio de las clínicas privadas, sí que debería ser otra gran demanda social; y, de paso, se reduciría notablemente el tráfico por las autopistas. La Vía Exterior no es necesaria. A 500 metros del trazado propuesto ya se encuentra la TF-2, que enlaza Santa María del Mar con Los Majuelos y que está a menos del 40% de su capacidad de tráfico. Los vecinos de los pueblos y barrios de Santa Cruz podrían seguir manteniendo un determinado modo de vida, en sí ya difícil, pero mucho mejor, muchísimo mejor, que si les pasan una autopista de seis carriles al lado de sus casas, de sus pequeños terrenos de cultivo y los rodean de polígonos industriales y logísticos y edificios residenciales… Si los invaden con piche y cemento en nombre del progreso. Es decir, que cuando se pide que el dinero público que se gastan en obras privadas de uso público y completamente inútiles –a no ser que pretendan llenar Canarias de monumentos al despilfarro, como el Auditorio de Tenerife- se dediquen a las necesidades de todos los ciudadanos, los medios no escuchan. Deben estar en manos de las empresas de la construcción, de grandes empresarios, que también construyen otra realidad, la realidad… la suya, la que necesitan. Y si hace falta, se agita el llamado pleito insular. La manifestación del Frente Marítimo en Gran Canaria, isla que sufre proyectos similares a Tenerife, antecede en pocos días a la convocada en Santa Cruz el 27 de noviembre por Asamblea por Tenerife, que se ha reunido en dos ocasiones bajo el lema “¡Ya está bien!”, heredado del “¡Hay que parar ya!” de un artista con visión histórica, César Manrique. ¡Y lo dijo en la década de los ochenta! Eustaquio Villalba Moreno Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza La distinción entre ecología y ecologismo es muy vieja. La primera, la ecología inició su andadura como una nueva manera de estudiar el complejo mundo de los seres vivos. El zoólogo alemán Ernst Heinrich Haeckel (1834-1919) fue el primero en definir el término ecología: “Entendemos por ecología el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la investigación de todas las relaciones del animal tanto con su medio inorgánico como orgánico, incluyendo sobre todo su relación amistosa y hostil con aquellos animales y plantas con los que se relaciona directa o indirectamente. En una palabra, la ecología es el estudio de todas las complejas interrelaciones a las que Darwin se refería como las condiciones de la lucha por la existencia”. La ecología es, por tanto, una rama de las ciencias biológicas que abre nuevas enfoques científicos a la hora a de abordar la naturaleza. El impacto de esta manera de analizar los seres vivos en la sociedad ha sido enorme. Términos propios de la nueva ciencia se incorporan al lenguaje cotidiano, palabras como ecosistema o cadena trófica son de uso corriente en el español actual. Pero la investigación de los ecólogos ha puesto en evidencia que los ecosistemas no solo cambian por causas naturales y que las actividades humanas, desde el neolítico, aunque su impacto es muchísimo mayor desde que se inició la revolución industrial, son la causa de las modificaciones e, incluso, de la desaparición de una parte sustancial de los ecosistemas que coexisten en la biosfera. En el siglo XIX otras ciencias tuvieron en cuenta en su análisis en creciente impacto que tenía en los espacios naturales las actividades humanas, es el caso de algunos socialistas utópicos como Fourier y, sobre todo, de los geógrafos de inspiración anarquista como el francés Eliseo Reclús (1830-1905): “Hace algunos años, después de haber escrito las últimas líneas de una larga obra, La Nueva Geografía Universal, expresaba el deseo de poder un día estudiar al hombre en la sucesión de las edades, como le había observado en las diversas regiones del globo y establecer las conclusiones sociológicas a las que había llegado. Trazaba yo el plan de un nuevo libro en el que se expondrían las condiciones del suelo, del clima, del todo el ambiente en que se han cumplido los acontecimientos de la Historia, donde se mostrase la concordancia de los Hombres y de la Tierra, donde todas las maneras de obrar de los pueblos se explicasen, de causa a efecto, por su armonía con la evolución del planeta”. El espectacular crecimiento económico que ha conocido el mundo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial mostró que el consumo intensivo de energía, de materias primas no renovables, la creciente emisión de residuos y la alteración irreversible de extensas superficies de la Tierra tenía que tener un límite; pasado el cual, el riesgo de colapso del sistema de la biosfera ponía en peligro la propia supervivencia de nuestra sociedad. La respuesta social ante la gravedad, cada día más evidente, se ha plasmado en nuevos enfoques científicos y en la aparición de un movimiento social, de ideología más que difusa confusa y que tiene como referencia su rechazo a un sistema que altera irreversiblemente los ecosistemas naturales y el futuro de las nuevas generaciones. Así, la ecología, que nace como una ciencia de la naturaleza, adquiere su vertiente de ciencia social. Economistas, físicos, químicos, geógrafos, agrónomos, arquitectos, ingenieros… se “contaminan” con los análisis provenientes del la ecología. Esta nueva realidad se concretará con el primer informe del Club de Roma en 1972 y en la conferencia de Estocolmo pocos años después. Como dijo el premio Nóbel de física Dennis Gabor en 1978: “En el mundo actual todas las curvas son exponenciales. Las curvas exponenciales solo en matemáticas crecen hasta el infinito. En la vida real o se derrumban catastróficamente o se saturan suavemente. Nuestro deber como seres racionales es dirigir nuestros esfuerzos hacia una suave saturación, aunque esto plantea nuevos y difíciles problemas”. Así pues, ciencias ajenas a los estudios de la naturaleza tienen que hacer frente a problemas ambientales y a los cambios producido por las actividades humana. Es la razón por la que la ecología deja de ser el patrimonio de los biólogos para asumir su otra cara, la social, la “ecologista”. Esta realidad está plasmada en los acuerdos internacionales como el de Kioto suscritos para hacer frente a los problemas “ecológicos”. El movimiento ecologista no tuvo ni tiene unas características homogéneas. Se pueden agrupar las tendencias en tres: En la primero entrarían todos los grupos que en mayor o menor medida son los herederos de la extrema izquierda de los años sesenta. Para éstos, la ecología es solo una manera de justificar su propia existencia y un banderín de enganche. Sus propuestas abarcan todos los ámbitos de la sociedad; aunque no se presenten como tales, en la práctica funcionan como partidos políticos. En segundo grupo estarían las asociaciones estrictamente defensoras de la naturaleza. Estas entidades, entre las que se incluye ATAN, acogen a las personas de diferentes ideologías, pero unidas en sus interés por la naturaleza y por dedicar parte de su tiempo a promover su respeto y velar por la integridad de los ciclos de la que hacen posible la existencia de nuestra sociedad. Por su propia esencia, en estas asociaciones la opinión, la denuncia y la participación está limitada a lo estrictamente ecológico, tanto en su vertiente natural como la social. Por tanto, estas asociaciones no participan en plataformas o actos de contenido ajeno a sus objetivos, ya sea el problema del aborto, el derecho de autodeterminación, el sistema electoral o los derechos de los homosexuales. Son los socios son los que tienen opinión sobre estos temas. El tercer grupo está constituido por los partidos políticos. Todos, sin distinción de ideologías, incluyen un capítulo dedicado al medio ambiente. Pero hay algunos que tiene en esta defensa como su seña de identidad, el núcleo de su programa, son los partidos verdes. Éstos, a diferencia de las asociaciones ecologistas, quieren llegar a gobernar y ello implica tener un programa, unas propuestas, para todos los temas que afectan a la vida política. El término ecologismo, por tanto, engloba opciones muy diversas y, en consecuencia, se presta a confusión. Esta circunstancia facilita su difamación y, también, que algunos constructores, políticos, periodistas, medios de comunicación o científicos de reconocido prestigio esgriman descalificaciones globales al movimiento ecologista como único argumento para justificar determinadas obras y actuaciones en Tenerife. El proyecto de macro puerto en Granadilla está resultando un ejemplo perfecto de las distintas interpretaciones que se dan en nuestra sociedad sobre ecología y ecologismo. Frente a los argumentos económicos y ambientales esgrimidos por los opositores, los partidarios no han encontrado otro recurso que el juicio de intenciones, la mentira y el principio de autoridad. En unas recientes declaraciones al periódico digital CANARIASAHORA (ver entrevista titulada “El actual Gobierno estatal es más pro-Granadilla”), Luis Suárez Trénor decía “que los ecologistas honestos, que deben ser un montón y a lo mejor la mayoría, tienen derecho a expresarse, pero no a convertirse en una arma política o de desprestigio”. ¿Qué entenderá este señor por “arma política o de desprestigio”? Resulta revelador que niegue el derecho, reconocido en la Constitución, de la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos públicos, en la vida política. Dice que tenemos derecho a expresarnos ¡faltaría más! Y es, al mismo tiempo él, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, quién decide qué es opinable. Esta muestra de ignorancia de la esencia de un estado de derecho queda subrayada cuando, en esta misma entrevista, comenta la situación política del Gobierno canario: “No creo que haya un cambio de Gobierno. La situación es ideal: echamos la culpa de todo a los tres consejeros del PP, nos llevamos bien con el PSOE y no dejamos crecer a ninguno”. Deja bien claro su manera cínica (y antidemocrática) de entender la política y, por supuesto, su escasa capacidad de argumentación. Es incapaz de encontrar algo más convincente a favor del puerto de Granadilla que frases como esta: “Santa Cruz de Tenerife tendrá un límite en algún momento”. ¿Cuándo? ¿Dentro de 10, 40 o 100 años? No aporta un solo dato que confirmen tan vagas palabras. No le podía faltar al señor Trenor el recurso al argumento de autoridad, el menos científico de los argumentos: “Tengo aquí unas declaraciones de Antonio Machado, un reconocido biólogo y profesor de la Universidad de La Laguna, que dice que en la ecología ha habido un exceso no justificado y que la universidad no prepara ecologistas sino ecólogos, que son dos cosas distintas como los sociólogos y los socialistas”. Pero este eminente naturalista no actúa como un científico, como un ecólogo, cuando opinó sobre el puerto de Granadilla o sobre el escaso impacto de la prevista (afortunadamente rechazada) base de lanzamiento de satélites en El Hierro. Los científicos como tales no dan opiniones, emiten informes basados en datos que pueden ser contrastados. El señor Trenor, incapaz de rebatir, se escuda en la respetable opinión del doctor Machado, pero como escribió el padre de la ecología en España, el recientemente fallecido Ramóm Margalef: “La ecología trata de comprender cómo los organismos, que otras ramas de la biología estudian uno por uno, se insieren en el mundo real. Estos conocimientos pueden ser interesantes para el hombre, como especie biológica. En todo caso, las decisiones hay que tomarlas a otro nivel: el ecólogo aspira a ser oído, pero su opinión personal no tiene más valor que la de otro ciudadano cualquiera”. Lo mismo que la de cualquiera de los más de ciencuenta mil firmantes de la iniciativa legislativa popular que pide que se declare esta zona espacio natural protegido porque consideran que vale la pena conservar los ecosistemas y las playas que el puerto haría desaparecer. María Teresa Bravo Rodríguez Plataforma Ciudadana contra el Puerto Construir un puerto como el de Granadilla, innecesario e ilegal, es algo que a la larga perjudicará a la población y al territorio que se vería afectado por ello. La ubicación de esta infraestructura, a parte de batimetrías óptimas que a buen seguro encontramos en otros puntos de la Isla, depende de quienes promueven este proyecto y han comprado los terrenos que van a revalorizarse muy por encima del valor al que se han pagado. Estas personas y sus “amigos” han dispuesto de información privilegiada y han contado, además, con las “garantías” de que desde el poder se sacaría adelante este proyecto. Para ello, ha sido necesario que las administraciones públicas incurrieran en la manipulación y el ocultamiento de informes (informes técnicos de la Viceconsejería de Medioambiente que han permanecido ocultos -vease www.nopuertogranadilla.org- o medidas compensatorias que no han sido firmadas, mentiras institucionales, etc) además de la connivencia con el Partido Popular (PP), que ha “otorgado” los permisos a cambio del apoyo parlamentario de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados durante la última legislatura. Con el descalabro político sufrido por este partido, los apoyos a este proyecto quedan en el aire. El silencio de nuestras “autoridades portuarias”tras la victoria del Partido Socialista (PSOE), obliga a los empresarios, que están detrás de este asunto desde siempre, a asomar la nariz y hacer declaraciones públicas acerca de la necesidad de este puerto. El presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca) acusa de mentir a quienes estamos en contra del proyecto. Sin embargo, Benicio Alonso, en su escrito de opinión, falta varias veces a la verdad: las batimetrías del puerto de Santa Cruz, que él afirma de 300 metros, en realidad lo son de 70 en la zona a ampliar en el Bufadero y dique del Este; las del puerto de La Luz en Las Palmas que afirma son de35 metros, en realidad, son de 55; y las de la costa de Granadilla que él estima de 30 metros, llegarían hasta los 50 en la zona donde estaría el dique de abrigo. También se contradice cuando comenta el empeoramiento de las condiciones de vida de los tinerfeños “cosa que está empezando a ocurrir, con una disminución importante de la actividad económica” (en la isla), pero acto seguido afirma que “al ritmo actual de crecimiento de la economía de la provincia y de la población hay que añadir algo más”. Lo que hay que añadir son infraestructuras que reviertan en beneficio de la población. Ustedes como empresarios, en lugar de pensar en su propio beneficio económico, deberían ofrecer al Gobierno de Canarias también ayuda en la financiación de estas otras infraestructuras necesarias; léase: hospital del Sur, centros educativos, fundaciones que favorezcan la integración de inmigrantes y centros de servicios a la sociedad, ¿ese desarrollo no les interesa? o ¿es que no genera beneficio para sus empresas? Un hospital en el Sur daría puestos de trabajo, generaría bienestar social y calidad de vida y sería una herencia de desarrollo y bienestar para las generaciones presentes y futuras. No nos sorprende que diga usted que mentimos cuando apoyamos cada una de nuestras afirmaciones en informes de técnicos y prestigiosos expertos independientes; no como los informes a la carta de la Autoridad Portuaria o el Ayuntamiento de Granadilla a una empresa privada (Inerco) pagados con dinero público. Por el contrario, nos parece que los que mienten son ustedes y sus afirmaciones las entendemos como nuevas falsedades. Tampoco nos sorprende que los grandes empresarios pretendan financiar sus negocios particulares con dinero público y, para ello, viertan en los medios de comunicación datos falsos o medias verdades, como por ejemplo achacar el empeoramiento del nivel de vida a que no se construya un puerto en Granadilla, dejando de lado los verdaderos problemas que empiezan a afectar seriamente a la sociedad actual. Nos indigna y por ello nos opondremos a este proyecto; claro que entendemos que esto a ustedes les moleste, pero sepan que nos proponemos desenmascarar sus mentiras y sus negocios especulativos. La pérdida de arena de las playas del Sur no es un fenómeno que las ciudadanos nos saquemos de la manga (“piensa el ladrón que todos son de su condición”) sino que lo afirman expertos en dinámica sedimentaria de diferentes universidades españolas. Entendemos que este hecho tuerza sus planes, pero es así, les guste o no…, el régimen de la dinámica sedimentaria se verá interrumpida por un puerto que ocupará más de 5 kilómetros de una costa en perfecto estado de conservación y que se adentrará más de 1,5 kilómetros en el mar (si esto no es un macro-puerto, díganme ustedes qué dimensiones tendría que tener para ser digno de este calificativo). Aunque los grandes empresarios no valoren esta costa, es parte de lo poco que nos queda. Sus ecosistemas marinos (sebadales del sur) son los más importantes y de mayor extensión en Tenerife y uno de los más importantes de Canarias, por mucho que algunos se inventen ahora un ecosistema marino llamado Anaga. En tal caso, se estarían refiriendo al de San Andrés, que ya está afectado y no se puede comparar con un sebadal que se encuentra en perfectas condiciones de conservación como es el de la costa de Granadilla. Por otra parte, el régimen de corrientes del puerto de Santa Cruz va en dirección opuesta al ecosistema marino, con lo que no se puede comparar con la afección del puerto de Granadilla, en las playas y ecosistemas marinos del sur que sí están en el mismo sentido de las corrientes; unas corrientes y unos vientos que harán que el puerto esté inoperativo un alto número de días al año. Si no les importa este hecho, entonces, ¿para que quieren un puerto inoperativo? Los ciudadanos pedimos respeto a nuestro rechazo, respeto a nuestros argumentos apoyados en estudios serios y competentes y les exigimos que dejen de contaminarnos con falsedades que apoyan sus afirmaciones. El puerto será lo primero; para usted el de Granadilla; para nosotros el de Santa Cruz; porque nuestros impuestos han servido para levantarlo y apoyamos que nuestro dinero se use para ampliarlo y que no se despilfarren los más de 600 millones de euros (presupuesto de la primera fase del macropuerto, perdóneme usted) que serían necesarios para cubrir las carencias reales del sur de la Isla. Con este dinero podrían crearse 50.000 puestos de trabajo que sí diversificarían la economía del sur de Tenerife y no pondrían en peligro recursos económicos como la pesca, el paisaje o el turismo. No se puede plantear “una herencia de desarrollo y bienestar” para las generaciones futuras destruyendo la riqueza actual, pues ésta es la única que asegura un futuro para los canarios. Federico Aguilera Klink Universidad de La Laguna Las justificaciones de algunos empresarios-políticos-empresarios sobre la necesidad de construir el puerto de Granadilla han ido cambiando a medida que los diferentes grupos sociales las han ido desmontando. Así, la excusa inicial era que el puerto de Santa Cruz estaba saturado y no se podía ampliar por su elevado coste, algo que se ha demostrado que no es cierto. Además, y mientras en Canarias se insistía en esta falacia, el Ministerio de Fomento había presentado en Bruselas un pequeño informe en el que solicitaba financiación para ampliar el puerto de Santa Cruz. Luego siguió la excusa de que sólo si se construía el puerto de Granadilla era posible captar el tráfico de trasbordo, también desmontada con argumentos que insisten en lo contrario, es decir, que sólo invirtiendo más y mejor en la ampliación del puerto de Santa Cruz es posible captar este tráfico. La última serie de excusas genéricas consiste en que el puerto de Granadilla es necesario para mejorar el bienestar y el empleo de los tinerfeños. ¿Cuáles serán las siguientes excusas? Las que hagan falta para asegurar a estos empresarios profesionales de la subvención sus ingresos desmesurados provenientes de fondos públicos. Sin embargo, el único informe razonable en toda esta historia que yo he leído es el Estudio de mercado del nuevo puerto de Granadilla, realizado en 1997 por encargo de la Autoridad Portuaria. En él, se reconoce textualmente que: A. “El desarrollo de puertos basados en el transhipment puede ser extremadamente volátil (…) no existe en absoluto cautividad de tráficos y el mantenimiento de los alcanzados exige una apuesta continuada por la competitividad puesto que otros puertos pugnan por entrar en ese mercado ofreciendo semejantes, o mejores, niveles de instalaciones portuarias, facilidades operativas u otras condiciones que añadan valor a la cadena logística” (página 35). B.“La actividad de las grandes navieras en Tenerife es, por ahora, bastante reducida” (p.35). C.“Existe, en estos momentos, un mercado estimable en 300.000 TEUS/año (…) aunque hay otros puertos que también han puesto en él sus miras: Las Palmas, Algeciras, Agadir, Tánger,etc” (p.41). D.“También en Portugal se proyectan inversiones para este tipo de mercado, la construcción del puerto de Sines, con capacidad de 1,3 millones de TEUs” (p.42). E.“La posibilidad de conseguir captar este mercado dependerá de las negociaciones que se mantengan con las compañías navieras” (p.42). En cuanto a las previsiones de tráfico portuario, el informe muestra dos escenarios: 1) “incremento del PIB provincial del 2 % anual acumulativo y aumento del número de pernoctaciones del 2,5 % anual acumulativo” (p.53). 2) “crecimiento, tanto del PIB provincial como del número de pernoctaciones, del 3,5 % en el período 1997-2005, con una disminución lineal hasta el 2 % en el año 2013 y el mantenimiento de esta tasa (2 %) hasta el año 2025” (p.54). Ahora bien, las estimaciones de crecimiento en el tráfico de mercancías, (que no de trasbordo) que se hacen depender del crecimiento del PIB y del crecimiento del turismo (pernoctaciones), realizadas en 1997 y que el propio autor considera poco fiables se contradicen con las decisiones más recientes del Gobierno de Canarias. Concretamente, se contradicen con la “Ley 6/2001 de 23 de Julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias” que “pretende reducir la oferta alojativa” y con la “Ley 19/2003 de 14 de Abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias” que en su Disposición Transitoria, Segunda, 1.b) indica que “Durante el primer trienio a partir de la entrada en vigor de la siguiente Ley (…) no se admitirá crecimiento de la capacidad alojativa en la isla de Tenerife”. Aunque en el punto 3 de dicha Disposición indica que “excepcionalmente, durante el primer trienio y por razones de interés general, podrán otorgarse autorizaciones previas para proyectos turísticos (…) en ningún caso la capacidad alojativa del conjunto de los proyectos podrá superar las 3.600 plazas por año”. Finalmente, la encuesta a usuarios potenciales, incluída en este informe, muestra que la mayoría de los usuarios considera que las instalaciones del puerto de Santa Cruz son aceptables y muestran su desinterés por trasladarse al nuevo puerto de Granadilla (p. 73-107). En definitiva, si se reconoce que la captación del tráfico depende de las negociaciones con las navieras y de la competencia con otros puertos, está claro que no se puede estimar previamente. Si además, los usuarios potenciales rechazan su traslado a Granadilla, nos quedamos sin argumentos económicos que justifiquen razonablemente la construcción del puerto de Granadilla. Lo único que queda claro es que el puerto de Granadilla es un disparate económico con un impacto ambiental irreversible, que es lo mismo que pasaba con el derogado Plan Hidrológico Nacional. Otra cosa es que haya empresarios especializados que no están interesados en competir sino en conseguir fondos públicos en nombre del mercado y de la competencia, como si tuvieran derecho a ello. Al final, y como reconoce Antonio Estevan en su artículo “El PHN: destapando la olla. Sobre la política hidráulica nacional de España” ( Archipiélago, nº 57, 2003): “ Los verdaderos ganadores están donde siempre han estado. Un presupuesto de construcción de más de 4.000 millones de euros, que se multiplicaría por dos o tres, como es habitual, a lo largo de la ejecución, dejaría beneficios astronómicos, especialmente si no son las grandes empresas las que construyen, sino sólo las que se adjudican los multimillonarios contratos. Una vez más, se llevarían comisiones de cientos de millones de euros en concepto de rentas de posición política, para luego subcontratar a empresas locales. Los presuntos contratistas serían los dirigentes de las patronales valencianas y murcianas y un puñado de amigos suyos, todos ellos constructores o comisionistas, que claman a diario a favor de las trasvases”. ¿Ayuda esto a entender algo sobre el Puerto de Granadilla? Yo creo que sí. Antonio Martinón Cejas Partido Socialista Canario En Tenerife estamos teniendo un intenso debate social sobre el sistema portuario de la Isla, siendo la razón principal de esta discusión el proyecto de construcción en Granadilla de un nuevo puerto. Aunque aún se mantienen discrepancias de importancia, no es menos cierto que se ha coincidido en la posibilidad y necesidad de ampliar el actual puerto de Santa Cruz. El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz han defendido que el puerto capitalino redujera su actividad a los barcos de pasajeros, embarcaciones de recreo y cruceros, debiendo trasladar las mercancías al futuro puerto de Granadilla. Esta idea se contempla con total claridad en el avance del Plan General de Santa Cruz, aprobado por el Pleno municipal, y en el Plan Insular de Ordenación del Territorio, acordado por el Cabildo y aprobado por el Gobierno de Canarias. Es decir, Ayuntamiento de Santa Cruz, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias se han decantado por eliminar la principal actividad económica del puerto capitalino y lo han hecho con la justificación de que no podía crecer, que estaba a punto de saturarse, y, por otro lado, que la ciudad deseaba mejorar su acceso al mar. Los socialistas solicitamos un Pleno extraordinario del Cabildo y de manera unánime se concluyó que Santa Cruz sí se puede ampliar y la acitvidad portuaria es compatible con avanzar en el disfrute ciudadano del mar. Se acordó manifestar que el puerto de Santa Cruz debe continuar siendo el primero de la Isla y que es necesario aprovechar al máximo sus potencialidades de desarrollo, de tal forma que es necesario ampliarlo mediante obras a realizar en la dársena del Este, para así poder incrementar la capacidad del tráfico de contenedores. Y además se debe continuar con la recuperación de la fachada marítima para usos ciudadanos en Santa Cruz. Recientemente, el presidente del Gobierno de Canarias, el presidente del Cabildo, el alcalde de Santa Cruz y el presidente de la Autoridad Portuaria, entre otros, han dicho que el Puerto de Santa Cruz se puede y se debe ampliar, y que la dársena de Los Llanos debe transferirse a la ciudad. Han tardado ocho años en reconocerlo y, finalmente, lo han hecho ante la presión social, ecológica y política. Ha sido una victoria para los que veníamos defendiendo esto, aunque, desde luego, exige una explicación por parte de todos ellos. Desde hace años creemos los socialistas que es necesario el puerto de Granadilla, aunque nosotros lo entendemos como una instalación complementaria del puerto de Santa Cruz y estrechamente ligada al polígono industrial. Pero no creemos necesario construir un puerto que va a consumir cerca de dos kilómetros de costa y que tiene previsto mover un millón doscientos mil contenedores, el triple de lo que hoy mueve el puerto de Santa Cruz. Y aquí se mantiene la diferencia, pues no se ha alcanzado un acuerdo sobre las dimensiones del futuro puerto de Granadilla. Se habla del tráfico de trasbordo de contenedores, pero lo cierto es que el empecinamiento de Coalición Canaria en que no se podía ampliar Santa Cruz ha hecho que lleguemos tarde. Creo que es una actividad a tener en cuenta, aunque habrá que precisar algunos indicadores, principalmente el empleo que genera. En cualquier caso, es imprescindible comprometer a las empresas interesadas y eso debe hacerse obigándolas a participar económicamente en los costes de las correspondientes infraestructuras. Sería muy lamentable que se haga una infratesructura con ese fin y que la actividad, finalmente, no se desarrolle. El puerto de Santa Cruz de Tenerife está estrechamente vinculado con la ciudad desde su fundación. Si bien en el siglo XV no existía Puerto, también es verdad que su bahía fue utilizada como tal y es tal su vinculación que los momentos de esplendor y languidez del recinto también son los de Santa Cruz de Tenerife como ciudad. Todo ello significa que el día que el puerto de Santa Cruz de Tenerife desaparezca, también desaparecerá la ciudad.