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EL ASOMBROSO PLAN NACIONAL DE SALVAMENTO MARITIMO

Hace unos días, la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, presentó en sociedad el Plan Nacional de Salvamento marítimo (PNS), para el período 2006-2009. De las palabras de la ministra, todos los medios de comunicación destacaron que el coste del plan  se eleva a 1022 millones de Euros, de los cuales 518 millones se destinarán a nuevas inversiones.                                             A nadie se le escapa que el fantasma del Prestige planea sobre tanta alegría presupuestaria. Como un analfabeto que llenara la casa de libros para creerse en posesión del conocimiento, cada vez que hemos padecido una catástrofe marítima el Gobierno se ha lanzado a gastar dinero con la vana esperanza de comprar la competencia profesional que el accidente ha puesto en cuestión. Lo lógico -y lo que la ley exige- hubiera sido analizar con rigor el siniestro del petrolero, con particular atención a la gestión de la emergencia durante los seis días que el Prestige se dedicó a deambular frente a las costas de Galicia, a fin de descubrir los errores que pudieron cometerse y las deficiencias, en su caso, de medios y personal. De ese análisis –y de la investigación de los accidentes de los pesqueros “O Bahia”, “Nuevo Pilin” y “Siempre Casina”, entre otros- habría de salir sin esfuerzo la política precisa para mejorar el salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación. Como lo que se ha hecho es encubrir y velar la actuación de la administración marítima durante tales siniestros, resulta imposible saber ahora si lo que necesitamos son dos remolcadores, cuatro o ninguno, y con qué características y prestaciones. Así que las inversiones previstas en el PNS 2006-2009, que en modo alguno se explican, vienen a ser, en el mejor de los casos, un mero analgésico para tranquilizar a la opinión pública. Algo así como si nos dijeran: “ya no habrá accidentes como el del “Prestige” porque mirad cuanto dinero estamos gastando”.  Cualquier observador de los siniestros marítimos que hemos padecido llegaría con facilidad a la conclusión de que sus trágicos resultados –pérdida de vidas humanas y marea negra- no fueron consecuencia de falta de medios de remolque, ni de medios aéreos, ni por falta de centros de coordinación. Pero el Plan que nos ha presentado la ministra ignora todo ello y se limita a decirnos “¡más barcos,  más aeronaves, más madera, más madera!”, sin detenerse a pensar que tales medios sin una dirección profesional adecuada constituyen un lujo escasamente útil. Un derroche, en fin.  La ausencia de debate y de explicación no se limita a callar las razones del cuantioso gasto previsto. Más grave resulta, si cabe, que a través del PNS nos enteremos que este Gobierno ha decidido cambiar la política de contrataciones llevada a cabo en las pasadas legislaturas. Ahora resulta que lo eficaz es que el Estado se convierta en gran armador, abandonando la idea anterior (lanzada por el PSOE y mantenida por el PP) que proclamaba que lo mejor era contratar medios de la industria privada de salvamento. La ministra tiene la obligación de explicarnos a qué obedece ese cambio. Con ser preocupante lo expuesto –gasto millonario sin justificar y cambio de política de contrataciones-, todavía levanta mayor preocupación leer la letra pequeña del plan. De acuerdo con la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el PNS constituye un instrumento específico dentro de la política de seguridad marítima con objetivos muy concretos y determinados. Y a esos objetivos, y no a otros, ha de responder el Plan. ¿A qué vienen entonces las referencias a la prevención, concepto clave de cualquier política de seguridad, pero que nada tiene que ver con el plan de salvamento? ¿Por qué el PNS dispone que se incrementará en un 50 por ciento, nada menos, el número de inspectores? ¿Con qué autoridad se permite el PNS disponer “la revisión del Plan Nacional de Contingencias”? ¿Cómo se puede entender que el primer objetivo de un simple plan de salvamento sea “elevar los niveles de conocimiento y preparación de los profesionales y usuarios del mar”? Para qué continuar. Tal parece que a los redactores del PNS les ha traicionado el subconsciente y han creado un asombroso documento que sin llegar a esbozar una mínima política de seguridad marítima basada en la prevención, descuida los objetivos básicos que la ley le encomienda a un plan nacional de salvamento, a saber: la coordinación de medios de distintos organismos y administraciones con competencias en salvamento marítimo, y el cumplimiento del convenio SAR de 1979. En cualquier caso, es de lamentar que el esfuerzo de redactar el Plan Nacional de Salvamento para los próximos 4 años no se haya aprovechado para debatir sin tapujos el desastre de la política marítima española y la necesidad de acabar con la dualidad que supone la existencia de Sasemar, con medios y sin competencias, y la DGMM, encargada aquella del salvamento y responsable ésta de la seguridad marítima. En el fondo, el PNS refleja esa esquizofrenia, ya detectada tiempo ha y cuyo eventual remedio, la creación de una agencia pública de seguridad marítima, formaba parte del programa electoral del PSOE.