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La Oficina Antifraude de Europa cifra en 68.000 camiones el fraude de El Musel

 

 

 

El Econiomista

16/10/2015 – 18:00

  • España podría tener que devolver 248 millones de euros a Europa
  • FCC, SATO, FPS y Alvargonzález ejecutaron el contrato en el puerto
  • La UTE pagó dinero por material que podría haber obtenido gratis

 

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Los exresponsables del puerto de El Musel (Gijón) declaran desde el miércoles como imputados (21/06)

Tres técnicos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González que el pesaje de al menos 68.000 camiones que trasladaron materiales en las obras de ampliación del puerto de El Musel, que se desarrollaron en Gijón entre los años 2005 y 2011, fueron “falsificados”.

Los comparecientes, que no han podido contestar a las preguntas de todas las partes por falta de tiempo, han confirmado ante el magistrado instructor las irregularidades que, a su juicio, se cometieron en estos trabajos y que provocaron unos sobrecostes que podrían comportar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos.

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Los técnicos también han destacado que, a pesar de que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que desarrolló el proyecto podría obtener el 75% de los materiales de forma gratuita, prefirió pagar precios de hasta 6 y 7,3 euros por metro cúbico de piedra.

Entre las irregularidades detectadas por los responsables de la OLAF, que han denunciado que no pudieron acceder a toda la documentación contable del proyecto, también se encuentran que los camiones únicamente se pesaban a la entrada del puerto y nunca a la salida de las canteras, y que un solo camión realizó hasta nueve viajes con pesajes idénticos en el mismo día.

“Interés general”

También ha declarado como imputado el exalcalde de Carreño Manuel Ángel Riego González (PSOE), de quien el fiscal aprecia “actuaciones contradictorias” como responsable del municipio, en el que se encontraban las cantera de Aboño y Perecil, y como consejero de la Autoridad Portuaria de Gijón.

A su salida de la Audiencia Nacional, ha afirmado que se limitó a “defender los intereses generales” de la localidad en las actuaciones que afectaban a la zona de Perlora y del Alto de Aboño, y que el propio Tribunal Supremo falló a favor del consistorio al defender la necesidad de un estudio de “impacto medioambiental”.

“Me siento orgullosísimo de haber sido alcalde de este municipio y de haber pertenecido al Consejo del Puerto de El Musel, que hizo posible una obra importante para Asturias como fue la ampliación”, ha aseverado, para indicar que en ningún momento ha incurrido en “contradicciones” y denunciar el “daño” que su imputación ha ocasionado a él y su familia.

La concejal de Podemos en Gijón Nuria Rodríguez, representante del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN) que ejerce la acusación popular, ha avanzado que la Fiscalía pedirá 16 nuevas imputaciones a la vista de las numerosas “irregularidades” en torno a la licitación, el pasaje y la extracción de los pétreos que han sido ratificadas por los técnicos de la OLAF.

Posible connivencia

También ha declarado como imputado David López Navarrete, que fue gerente de la UTE Dique Torres entre los años 2009 y 2011. Según fuentes de las defensas, ha destacado que no existía ningún tipo de “connivencia” entre la Autoridad Portuaria y las empresas constructoras y que éstas presentaron una demanda reclamando una indemnización de 324 millones de euros.

En la causa están imputados el exdirector del puerto José Luis Díaz Rato; el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach; y el gerente de la UTE Dique Torres entre 2005 y 2009, Juan Miguel Pérez.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación. La Comisión Europea financió el proyecto con 198 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, a los que se suman otros 49,5 que se encuentran pendientes de cobro.

La UTE que llevó a cabo este proyecto estaba formada por las empresas constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas.

A estas compañías el juez reclamó los registros contables y la documentación referente a este contrato, así como los documentos que justifiquen su relación con Hidrocantábrico respecto de la cantera de Aboño y los correspondientes a las operaciones con Tudela Veguín en relación con las canteras Peña María y La Hoya-Perecil.